Concentración en repulsa por la agresión a profesionales del Hospital de Alcalá la Real

La organización se suma así a las acciones que tanto la Administración sanitaria como los sindicatos y colegios profesionales están promoviendo en esta materia

Laura Velasco
LAURA VELASCO

La delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, ha participado en la concentración convocada hoy en el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real como repulsa a la agresión que profesionales del centro hospitalario han sufrido recientemente en el Área de Urgencias. La responsable provincial del ramo ha estado acompañada en este acto de protesta de cinco minutos de duración por un nutrido grupo de profesionales, el equipo directivo y representantes de los agentes sociales del centro sanitario. La organización se suma así a las acciones que tanto la Administración sanitaria como los sindicatos y colegios profesionales están promoviendo en esta materia.

Según Rus, «debe existir tolerancia cero frente a las agresiones y hay que seguir trabajando conjuntamente entre todos y todas en esta lucha. Por eso, la Consejería de Salud y Familias ha lanzado hace unas semanas una campaña informativa en los centros sanitarios para recordar a los usuarios que se denunciará por la vía penal cualquier agresión a los profesionales de dichos centros. En el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real se han instalado los carteles recientemente».

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir posee un Plan de Prevención y Atención de las Agresiones al personal, en el cual está trabajando con los distintos colectivos implicados en línea con el nuevo documento que está desarrollando la Consejería de Salud y Familias. A través de este plan, cuando sucede un episodio de agresión, se pone a disposición de los trabajadores de forma inmediata asistencia jurídica y apoyo psicológico. En este caso, tan pronto como fueron notificados los hechos, este protocolo se activó para cubrir cualquier necesidad que el profesional agredido hubiera podido tener.

Cabe destacar que, desde su incorporación en el Código Penal, la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia. Se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.